La penalización, y qué hacer con ella

Un tercio por fallo, cuatro opciones. La aritmética decide por ti si conviene arriesgar, y decide antes de que llegues al examen.

Última actualización: 9 de agosto de 2026

El apartado 14.2 de la convocatoria lo fija con precisión: un punto por respuesta correcta y se descuenta una tercera parte del valor de una respuesta correcta por cada respuesta incorrecta. Las preguntas no contestadas no serán tomadas en consideración.

Por qué un tercio, exactamente

Porque hay cuatro opciones y solo una correcta. Si respondes cuatro preguntas al azar, la esperanza es acertar una y fallar tres: un acierto menos tres tercios da cero. La penalización está calibrada para que marcar sin criterio no aporte ni reste en promedio.

De ahí sale la única regla de decisión que importa, y es aritmética y no intuición: la pregunta correcta no es «¿estoy seguro?» sino «¿puedo descartar alguna opción?».

Con una sola opción descartada la esperanza ya es positiva. Sobre veinte preguntas dudosas son más de dos puntos que quien deja todo en blanco no se lleva, y en un examen de 75 preguntas eso es margen real.

La cuenta, hecha entera

Conviene ver de dónde sale cada fila, porque el resultado depende de dos números y de nada más: cuántas opciones quedan vivas y cuánto descuenta un error. Si sobreviven k opciones y eliges entre ellas al azar, aciertas con probabilidad 1/k y fallas con probabilidad 1 − 1/k, de modo que la esperanza en puntos brutos es 1/k − (1 − 1/k)/3.

Con las cuatro opciones intactas, k = 4: un cuarto a favor menos tres cuartos partidos por tres, 0,25 − 0,25. Cero. No «casi cero» ni «prácticamente cero»: exactamente cero, porque un tercio es justo el inverso del número de opciones incorrectas que acompañan a cada correcta. Con una descartada, k = 3, la esperanza sube a 0,3333 − 0,2222 = +0,1111, un noveno de punto. Con dos, k = 2, queda en 0,5 − 0,1667 = +0,3333. Con tres, ya no hay apuesta que valorar.

Traducido a decisión: el descuento no está puesto para disuadir de responder, sino para que el azar puro no aporte nada. Todo lo que esté por encima del azar puro —y descartar una opción ya lo está— juega a favor de quien responde.

El argumento de otras oposiciones no vale aquí

Circula una regla cómoda entre opositores: «con cuatro opciones y penalización, responder siempre sale a cuenta». Sale a cuenta cuando el descuento es de un cuarto por error, que es el que aplican otras pruebas selectivas. Ahí la esperanza del azar es 0,25 − 0,75 × 0,25 = +0,0625, positiva, y marcar a ciegas renta aunque no se descarte nada.

Con un tercio, no. En esta prueba adivinar a ciegas es neutro: ni suma ni resta en promedio, y a cambio introduce varianza en un resultado que suele decidirse por dos o tres aciertos. Quien traslade aquella regla a este examen no comete un error de valor esperado, pero sí uno de gestión del riesgo: cambia una nota previsible por una lotería con el mismo premio medio.

El error contrario también cuesta

La penalización asusta y provoca la reacción opuesta al barrido: dejar en blanco todo lo que no se sabe con certeza. Es igual de caro. La certeza absoluta es un umbral demasiado alto para una prueba cuya penalización está calibrada precisamente al azar puro.

En un examen de derecho ese matiz importa más de lo habitual, porque muchas preguntas se resuelven descartando dos opciones manifiestamente incompatibles con el régimen aplicable aunque no se recuerde el artículo exacto. Eso ya es esperanza positiva.

Las preguntas de reserva

Hay 8 preguntas de reserva: las seis últimas del apartado A —de la 51 a la 56— y las dos últimas del B —26 y 27—, todas debidamente identificadas. Solo entran en juego si alguna pregunta resulta anulada tras el trámite de impugnación, sustituyéndola por su orden.

Conviene responderlas con el mismo criterio que el resto. No cuestan penalización adicional y son la red de seguridad si el Ministerio anula alguna pregunta, cosa que ocurre en cada convocatoria.

Se contestan 83 preguntas y se corrigen 75

La suma que casi nadie hace: en pantalla hay 56 preguntas en el apartado A —50 evaluables más 6 de reserva— y 27 en el B —25 más 2—. Son 83 preguntas contestadas para 75 corregidas. Ocho de las que respondes no puntúan salvo que el Ministerio anule alguna.

De ahí salen dos consecuencias prácticas. La primera es de reloj: el tiempo se reparte entre 83 preguntas, no entre 75, y quien planifique sobre 75 llega con menos margen del que cree. La segunda es de criterio: a las de reserva se les aplica exactamente la misma regla de descarte que a las demás, porque el día que una anulación las activa entran en la nota valiendo lo mismo que cualquier otra.

No hay forma de anticipar cuáles se activarán, ni conviene intentarlo. Van «debidamente identificadas» en el enunciado, pero esa identificación no dice nada sobre su dificultad ni sobre sus probabilidades de entrar en la corrección.

Dónde se pierde más por no responder

En el apartado A, y conviene precisar por qué, porque la razón que suele darse es falsa. Todas las preguntas valen lo mismo: un punto bruto de los 75, esté en materias comunes o en especialidad. Dejar cinco en blanco cuesta cinco puntos en cualquiera de los dos apartados, y un fallo descuenta el mismo tercio en los dos.

Lo que cambia es el agregado. El apartado A aporta 50 de los 75 puntos —dos terceras partes de la prueba— y el B aporta 25. Ahí es donde hay más que ganar y más que perder, y ahí es donde una laguna amplia se paga entera. La sensación durante el examen suele ser la contraria, porque la especialidad es la que se ha estudiado con más miedo.

Si se anulan preguntas, la escala se extrapola

La convocatoria prevé qué pasa si, tras las impugnaciones, un apartado queda con menos preguntas de las previstas: la calificación se obtiene extrapolando el valor calculado a la escala completa, 50 puntos en el apartado A y 25 en el B.

Es un detalle técnico con una consecuencia tranquilizadora: una anulación no reduce el peso del apartado ni perjudica a quien había acertado el resto. El apartado sigue valiendo lo mismo.

Merece un ejemplo con números, porque el mecanismo se entiende mejor al aplicarlo. Supón que en el apartado A se anulan siete preguntas: las seis de reserva sustituyen a seis de ellas y la séptima se queda sin sustituto, de modo que el apartado se corrige sobre 49. Un aspirante con 30 aciertos y 12 fallos tiene un neto de 30 − 4 = 26 puntos sobre 49. La extrapolación lo lleva a 26 × 50/49 = 26,53 sobre la escala de 50.

Es un supuesto extremo —haría falta que cayeran más preguntas que reservas hay— pero enseña bien la regla: la extrapolación no premia ni castiga a nadie, solo devuelve el apartado a su escala nominal para que la suma con el otro siga siendo 75.

Lo que la convocatoria no dice

Un punto en el que conviene ser honesto. La convocatoria fija la escala de cada apartado —de 0 a 50 y de 0 a 25— y la regla del descuento, pero no publica qué ocurre si el neto de un apartado saliera negativo, cosa aritméticamente posible respondiendo mucho y mal: cuarenta fallos y diez aciertos dan −3,33. La lectura natural de una escala que empieza en cero es que el resultado se trunca ahí, y el supuesto no tiene relevancia práctica, porque quien llega a ese terreno no está discutiendo décimas. Pero no consta escrito, y aquí no se va a presentar como si lo estuviera.

Preguntas frecuentes

¿Penalizan los fallos en el examen de acceso a la abogacía?

Sí. Se obtiene un punto por respuesta correcta y se descuenta una tercera parte del valor de una respuesta correcta por cada incorrecta. Las no contestadas no se toman en consideración.

¿Conviene responder si dudo?

Si puedes descartar al menos una opción, sí: la esperanza matemática pasa a ser positiva. Si no descartas ninguna, es mejor dejarla en blanco.

¿Para qué sirven las preguntas de reserva?

Sustituyen a las que resulten anuladas tras el trámite de impugnación. Son las seis últimas del apartado A y las dos últimas del B.

¿Cuántas preguntas se contestan en realidad?

Ochenta y tres: 56 en el apartado A y 27 en el B. De ellas se corrigen 75, porque ocho son de reserva y solo puntúan si se anula alguna pregunta.

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Fuentes oficiales

• Orden PJC/298/2026, de 24 de marzo, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2026 (BOE-A-2026-7323)

Verificables en el «Boletín Oficial del Estado» y en el portal del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.